COMUNICADO, ESPAÑA – Dos periodistas del diario español ABC se enfrentan a juicio por un presunto delito de revelación de secreto de sumario

Bruselas, 2 de Mayo de 2016. Un juzgado de Madrid ha ordenado la apertura de juicio oral contra Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, dos periodistas del diario español ABC, por sus informaciones sobre las escuchas telefónicas realizadas por la policía durante una investigación contra supuestos miembros de la organización criminal italiana Camorra, según la prensa local y el propio Muñoz.

 

Los periodistas fueron notificados el pasado 20 de abril de que una juez de Madrid había ordenado el 11 de abril que la pareja sea juzgada por los cargos presentados por el fiscal en octubre del año pasado por presunta violación del secreto de las investigaciones, de acuerdo con informaciones publicadas en los medios locales. Si son condenados, los periodistas podrían enfrentarse cada uno a penas de prisión de dos años y medio y una multa de € 50 al día durante 20 meses.

 

Los cargos se refieren a la información publicada por ABC el 11 de julio de 2014, basada en una conversación que mantuvieron supuestamente dos miembros de la mafia en marzo de 2013. Durante la conversación, que -según informó ABC- había sido interceptada por la policía española durante una investigación conocida como Operación Tarantella, los dos sospechosos discuten presuntamente sobre Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, la formación de centro-derecha que gobierna en España.

 

Bárcenas, quien se enfrenta a varios cargos por corrupción y lavado de dinero, según se ha publicado en la prensa, también ha iniciado un procedimiento penal contra Morcillo y Muñoz. Sus abogados presentaron los mismos cargos contra los dos periodistas el pasado 28 de octubre de 2015, según los documentos judiciales. Solicita una pena de cárcel de tres años para los dos reporteros. Bárcenas ha negado los cargos de corrupción en su contra, según se ha publicado.

 

Tres días después de la publicación del artículo de ABC, el juez que supervisaba la operación Tarantella abrió un proceso contra los periodistas por presunta revelación de secretos de la investigación y ordenó a la policía realizar un control de su tráfico telefónico durante los 10 días previos a la fecha en que el artículo fue publicado, en un intento de identificar la fuente que habría filtrado la conversación. La identidad de quienes se comunicaron por teléfono con los dos periodistas durante ese periodo fue puesta en manos del instructor y del propio Bárcenas, según explican Muñoz y varias informaciones sobre el caso. En septiembre de 2015, la Fiscalía remitió el caso a un juzgado de instrucción de Madrid. El juez instructor no ha anunciado públicamente si se llegó a identificar a la presunta fuente de la filtración en la monitorización de las llamadas de los periodistas.

 

« Exigimos a la Fiscalía que retire los cargos contra Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, » dijo Nina Ognianova, Coordinador del Programa para Europa y Asia Central del CPJ. « Encarcelar a periodistas por hacer su trabajo mediante la publicación de información que es de interés público sentaría un precedente peligroso. Por otra parte, la orden judicial para acceder a las conversaciones telefónicas entre los periodistas y sus fuentes también podría obstaculizar el flujo de información ».

 

Los periodistas aseguran que su artículo no perjudicó a la investigación policial puesto que los dos sospechosos ya habían sido detenidos antes de la publicación de la información. Según explicó Muñoz al CPJ, « procedimos como siempre hacemos, guiados por tres principios fundamentales: nuestra información era relevante, era veraz y objetiva, y había sido obtenida por medios legítimos. » Muñoz añadió: « Por otra parte, siempre añadimos un cuarto principio rector de nuestras investigaciones periodísticas, que nuestra información no perjudique a las operaciones policiales en curso, como fue el caso, y siempre será.  »

 

Todos los recursos de apelación presentados por los abogados de los periodistas menos uno han sido rechazados, según Muñoz. Los periodistas están a la espera de la decisión de un tribunal sobre un último recurso, y tendrán que comparecer ante la jueza del juzgado de Instrucción si también es rechazado.

 

En respuesta a la decisión de la Justicia, el diario ABC publicó un editorial el pasado 28 de abril en el que critica el « celo inquisitorial » del fiscal. Bieito Rubido, director de ABC, indicó al CPJ que condena la « escandalosa osadía moral del fiscal y la juez de no procesar a los delincuentes sino a los periodistas por una información veraz que ni siquiera afecta a la seguridad nacional. »

 

La Asociación de la Prensa de Madrid ha emitido un comunicado en defensa de Morcillo y Muñoz. « Los periodistas tienen la obligación profesional y moral de publicar información que sea veraz y de interés general », indica el comunicado. Los periodistas también han recibido el respaldo de una asociación progresista de jueces, Jueces para la Democracia, quienes hacen referencia a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de España. « Si la información es veraz y de interés público, el derecho a la información debe prevalecer », dijo el portavoz de la asociación, Joaquim Bosch.

 

La Fiscal General del Estado de España, Consuelo Madrigal, anunció por su parte durante una intervención en el Congreso de los Diputados que « velará por el derecho de los periodistas a publicar libremente información veraz en casos de interés público ».

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